Las principales reacciones se han concentrado en respaldar la acción de la Fuerza Pública. El comunicado de las ACSN, en cambio, busca responder al temor por eventuales retaliaciones y abre interrogantes sobre el escenario que sigue en los territorios donde la estructura mantiene presencia.
4 de septiembre de 2026
La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias “Naín” o “Bendito Menor”, durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, generó este viernes una cadena de pronunciamientos desde el Gobierno nacional, autoridades territoriales y representantes del Congreso. Horas después, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) también se pronunciaron y aseguraron que, pese al impacto que representa la pérdida de uno de sus integrantes más visibles, “no habrá retaliaciones”.
Las reacciones institucionales han coincidido principalmente en respaldar la actuación de la Fuerza Pública y presentar el resultado como una demostración de capacidad del Estado frente a las estructuras criminales. Desde la Presidencia, el Gobierno confirmó que Pérez Toncel murió en desarrollo de la denominada Operación Centinela de la Patria, ejecutada por la Policía Nacional y un comando especial de la DIJÍN. El comunicado oficial lo identifica como uno de los principales objetivos de alto valor y lo vincula presuntamente con actividades de narcotráfico, extorsión e intimidación contra comunidades del Caribe. (Presidencia de la República, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2026.)
El presidente Abelardo De La Espriella utilizó además un discurso de confrontación directa, afirmó que las operaciones contra las organizaciones criminales continuarán e invitó a sus integrantes a acogerse a los mecanismos de sometimiento a la justicia. El mensaje oficial enfatiza la recuperación de la autoridad y la continuidad de las acciones estatales contra estructuras armadas. (Presidencia de la República, 4 de septiembre de 2026.)
Respaldo territorial al operativo
En el Caribe, los principales mandatarios territoriales reaccionaron en una dirección similar. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldó públicamente el procedimiento, reconoció la labor de la Policía y la DIJÍN y señaló que su administración continuará destinando recursos a tecnología, movilidad y fortalecimiento de las capacidades de Policía y Ejército. (Gobernación del Magdalena y declaraciones públicas de la mandataria.)
Desde Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo calificó la muerte de Pérez Toncel como un “golpe contundente” contra las ACSN y respaldó la actuación de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad y hacer prevalecer la autoridad estatal. (Cuenta oficial y declaraciones públicas del alcalde de Santa Marta.)
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, territorio donde se desarrolló el operativo, agradeció las labores de inteligencia y el despliegue de la Fuerza Pública y pidió que las acciones contra las estructuras armadas ilegales continúen. Aguilar aprovechó además el pronunciamiento para cuestionar la política de seguridad del gobierno anterior y atribuirle parte del fortalecimiento que alcanzaron estas organizaciones en el departamento. (Declaraciones públicas del gobernador de La Guajira.)
El respaldo también llegó desde el Legislativo. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, sostuvo que ningún delincuente puede estar por encima de la autoridad del Estado y presentó el operativo como una muestra de la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar organizaciones que amenazan la seguridad. (Senado de la República, pronunciamiento institucional.)
Las ACSN responden y llaman a mantener la calma
En contraste con el tono de los pronunciamientos institucionales, las ACSN difundieron horas después un comunicado dirigido principalmente a las comunidades de la Sierra Nevada y de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.
El documento reconoce expresamente que la muerte de Naín representa “un golpe a nuestra organización”, pero asegura que “no habrá retaliaciones” y pide a la población civil mantener la calma. La estructura también manifestó que rechaza actos de retaliación, intimidación, confrontación o violencia que puedan derivarse de los acontecimientos. (Comunicado a la opinión pública, Estado Mayor de las ACSN, 4 de septiembre de 2026.)
Otro elemento resulta llamativo. El comunicado no se limita a lamentar las muertes: las ACSN vuelven a introducir en su discurso la posibilidad de paz, sometimiento a la justicia o desmovilización, señalando que estos procesos deberían desarrollarse a través de canales institucionales y dentro del marco constitucional y legal. (Comunicado a la opinión pública, Estado Mayor de las ACSN, 4 de septiembre de 2026.)
Ese mensaje adquiere relevancia después de que la organización perdiera a una de sus figuras con mayor exposición pública. Sin embargo, la declaración de que no habrá retaliaciones debe entenderse como una posición pública de la propia estructura y no como una garantía sobre la evolución de las condiciones de seguridad en el territorio.
¿Y la población civil?
Mientras Presidencia, gobernaciones, alcaldías y Congreso han concentrado sus mensajes en el resultado operacional, la autoridad estatal y la continuidad de la ofensiva, el comunicado de las ACSN intenta responder directamente a una preocupación que comenzó a circular desde las primeras horas después del operativo: qué puede ocurrir en los territorios después de la muerte de Naín.
La pregunta no es menor. Más allá de la pérdida de un cabecilla, permanecen abiertas cuestiones relacionadas con la sucesión dentro de la estructura, la conservación de sus redes territoriales y económicas y las posibles decisiones que adopte la organización para mantener su capacidad de control.
En el barrido realizado hasta el cierre de esta nota no se identificó todavía un pronunciamiento público específico de la Defensoría del Pueblo centrado en las posibles repercusiones para las comunidades de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Por eso, el escenario que sigue al operativo puede ser tan relevante como el operativo mismo. La ausencia de retaliaciones anunciada por las ACSN deberá contrastarse con lo que efectivamente ocurra en el territorio, mientras que para las autoridades el desafío será que la demostración de capacidad coercitiva vaya acompañada de medidas que reduzcan los riesgos para comerciantes, comunidades rurales, liderazgos y demás poblaciones expuestas a la presencia de la organización.
