Bogotá, 19 de septiembre de 2026
POR: KENNY JOEL PUELLO PACHECO
Corresponsal Enlace País-La Guajira
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, acudió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para advertir sobre los posibles efectos que tendría una propuesta que busca reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la justicia transicional para 2027.
En una comunicación fechada el 18 de septiembre y dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, Ramelli solicitó que la CPI tome nota de la situación y respalde la independencia, autonomía y capacidad de funcionamiento de la JEP. Según el magistrado, una reducción de esta magnitud comprometería las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y de los comparecientes que participan en los procesos de la Jurisdicción.
La iniciativa cuestionada fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, durante las discusiones del Presupuesto General de la Nación para 2027 y plantea trasladar los $100.000 millones destinados a la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la justicia ordinaria. La propuesta ha recibido el respaldo público del presidente Abelardo De La Espriella.
De acuerdo con las cifras expuestas por la JEP, el recorte equivaldría a cerca del 62 % de los recursos previstos para adquisición de bienes y servicios, estimados en $161.271 millones. La Jurisdicción sostiene que esos recursos financian, entre otros asuntos, esquemas de protección, sedes, servicios públicos, infraestructura tecnológica y actividades territoriales relacionadas con los procesos judiciales.
Ramelli indicó además que alrededor de $62.478 millones están destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección para garantizar medidas de seguridad, mientras otros $29.362 millones corresponden a arriendos, servicios públicos y mantenimiento. Según la comunicación enviada a la CPI, también podría afectarse más del 40 % de los recursos destinados al centro de datos y a la interoperabilidad de los sistemas judiciales, elementos necesarios para el manejo de información de los macrocasos.
La carta también pone en conocimiento de la Corte Penal Internacional otra iniciativa que cursa en el Congreso: una propuesta de reforma constitucional para establecer una revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar de las sentencias que la JEP profiera contra integrantes de la Fuerza Pública. Ramelli sostiene que esa modificación podría alterar la estructura y las competencias previstas para la justicia transicional en el Acuerdo Final de Paz.
El presidente de la JEP relacionó ambas iniciativas con el Acuerdo de Cooperación suscrito entre el Estado colombiano y la Fiscalía de la CPI el 28 de octubre de 2021, mediante el cual se establecieron compromisos de cooperación y respaldo a los procesos nacionales de rendición de cuentas. Por ello pidió a la Fiscalía de la Corte evaluar las implicaciones de las propuestas y reforzar el diálogo con el Gobierno colombiano y con la propia Jurisdicción.
El debate ocurre en momentos en que la JEP avanza hacia nuevas etapas de juzgamiento y ejecución de sanciones derivadas de los macrocasos relacionados con el conflicto armado. Por ahora, el recorte de $100.000 millones es una propuesta en discusión dentro del trámite presupuestal y no una reducción aprobada definitivamente.
Fuentes consultadas
• Jurisdicción Especial para la Paz – información presupuestal oficial
• El Espectador – carta del presidente de la JEP a la CPI por propuesta de recorte presupuestal
• Infobae Colombia – detalles de la comunicación enviada por Alejandro Ramelli a la CPI
• Agencia EFE – advertencia de la JEP sobre el impacto del recorte
• El País – debate político y presupuestal alrededor de la JEP
Kenny Joel Puello Pacheco
